Se emite primera sentencia de Femicidio en Guayas

Se emite primera sentencia de Femicidio en Guayas

El CEPAM-Guayaquil gana el primer caso de femicidio en la Provincia y marca precedente para abordar, con enfoque de género, los crímenes contra las mujeres.

El día 31 de marzo fue un día histórico para la justicia ecuatoriana, pues se emitió la primera sentencia de femicidio en la provincia del Guayas. El Décimo Tribunal de Garantías Penales sentenció a 26 años de prisión, por delito de femicidio, a José M. P. quien asesinó a su exconviviente en el interior de un taxi, frente a sus hijos.

El CEPAM-Guayaquil, por medio de su equipo legal, conformado por el Abg. Fernando Yávar y la Abgda Jaqueline Veira,  llevaron la defensa de este  caso de femicidio ocurrido en octubre del 2014 al noroeste de Guayaquil. El hermano de la fallecida inició este proceso para evitar que el  femicidio de Ma. Del Rosario quede en la impunidad.

Esta sentencia es el primer caso de femicidio judicializado en Guayas y marca un precedente que busca visibilizar cómo la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas,    muchas veces culmina en femicidios.

El femicidio es la muerte anunciada de una vida con violencia. Por eso el equipo legal del CEPAM-Guayaquil, en la defensa del caso,  reiteró la necesidad de ver el crimen  perpetrado de forma integral y sistémica, para poder entender cómo se configuran los femicidios y poder generar,  en el sistema de justicia, alarmas que permitan detectar con tiempo los niveles de riesgo de las mujeres violentadas.

Aunque no podremos recuperar la vida de María del Rosario esta sentencia nos permite reconocer y trabajar para que el Estado y la sociedad, de forma conjunta, tomen medidas de prevención y sanción ante la violencia contra las mujeres ya qué no solo las afectan a ellas;  estos hechos de violencia impactan en la vida de sus hijos, hijas  y familiares. Es necesario reiterar qué  por lo general, en los femicidios,  las víctimas han sido sometidas por parte de sus parejas, exparejas o familiares a prácticas constantes de violencia ya sea física, psicológica, sexual  y/ o patrimonial.

Desde el CEPAM-Guayaquil expresamos nuestro agradecimiento especial al Dr. Fernando Yávar por su defensa comprometida en este caso y en muchos más,  en los cuales los derechos de las mujeres han sido afectados.

Permaneceremos vigilantes ante otros casos de femicidio y de vulneración de derechos contra las mujeres a fin de contribuir a respetar nuestro derecho, como ciudadanas, a una vida libre de violencia en donde se promueven relaciones de equidad y respeto para todas y todos.

Si es con una, es con todas.
Cepam-Guayaquil

PLANTÓN ANTE CASO DE FEMICIDIO CONTRA LISSETTE MARITZA AVILES ERAZO

PLANTÓN ANTE CASO DE FEMICIDIO CONTRA LISSETTE MARITZA AVILES ERAZO

ESTE FEMICIDIO NO DEBE QUEDAR EN EL OLVIDO

EL Miércoles 21 de Mayo, en Playas, se llevará a cabo la  Audiencia preparatoria de juicio del caso de FEMICIDIO de la compañera LISSETTE MARITZA AVILES ERAZO, ex candidata a concejala del cantón Playas, quien  fue asesinada por su expareja y enterrada en el patio de su casa. El asesino  CONFESO, fue su expareja y padre de sus hijos WILLY RAFAEL VILLACIS DE LA A, y su presunto cómplice sería ANGEL ISRAEL  VILLACIS DE LA A.
EL CEPAM–Guayaquil, con su equipo de  abogadas/o patrocinadores del caso, Mildred Yépez, Reina Valle y Fernando Yávar; actuará en la audiencia,

Las mujeres Orientadoras de los Derechos y otras organizaciones EXIGIREMOS ANTE LAS AUTORIDADES, que  se dicte el auto llamamiento a juicio.

ÚNETE AL PLANTÓN PARA PONER UN ALTO A ESTOS CRÍMENES.LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES y los FEMICIDIOS NO PUEDEN QUEDAR EN LA IMPUNIDAD.

SI ES CON UNA, ES CON TODAS

MIÉRCOLES,  21 DE MAYO – 14H30
JUZGADO  DÉCIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE Playas

JUSTICIA PARA LUZ ROMERO, VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL

JUSTICIA PARA LUZ ROMERO, VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL

Este lunes, 19 de Mayo, a las 14h30,  se llevará a cabo la AUDIENCIA pública en el juicio penal por VIOLACIÓN.

LUZ VICTORIA ROMERO ARREAGA ,  fue agredida sexualmente y  luego la intentaron asesinar.

HOY a las 15h00,  el equipo legal del CEPAM-Guayaquil ( Mildred Yépez, Reina Valle y Fernando Yavar) defenderán a  Luz Victoria Romero Castillo, fundamentando los recursos de nulidad y apelación;  interpuestos a la sentencia expedida por el Cuarto Tribunal de Garantías Penales del Guayas.

El CEPAM – Guayaquil, organización que lleva el patrocinio del caso,  estará presente para exigir que se revea la sentencia emitida por Tribunal mencionado   en contra de los  presuntos agresores  CABRERA ARREAGA VICTOR HUGO,  VIVEROS CUMBAL JOSE FRANCISCO.

Acompañamos  PARA EXIGIR JUSTICIA.

LUZ ES UNA DE LAS 1 DE CADA 4 MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL EN NUESTRO PAÍS.

ANTE EL HORROR DE LA VIOLENCIA SEXUAL

ÚNETE Y LEVANTA TU VOZ

No más impunidad y no más violencia sexual contra las mujeres.

SÍ ES CON UNA, ES CON TODAS

Fecha: Lunes 19 DE MAYO
Hora: 15h00
Lugar: BAJOS de  la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA GUAYAS

audiencia

Despenalización del aborto por violación: un asunto de todas y todos

Despenalización del aborto por violación: un asunto de todas y todos

La mañana del jueves 28 de noviembre, en la Universidad Estatal, se habló sobre la despenalización del aborto.  Más de 220 jóvenes estudiantes de la carrera de psicología asistieron al foro Presentación de resultados sobre la Violencia Sexual en Ecuador. Encuesta realizada por CEDATOS y Fundación SENDAS. En esta encuesta efectuada a nivel nacional se evidencia como las y los ecuatorianos tienen una posición laica y de derechos en relación a la despenalización de aborto en casos de violación y la entrega de información sobre sexualidad  por parte del estado a las y los adolescentes.

El foro inició con la presentación del documental  NIÑAS EMBARAZADAS, MATERNIDAD FORZADA  (Cepam, 2013) el cual presenta los testimonios de tres madres cuyas hijas, menores de edad, fueron víctimas de violencia sexual.  Luego de esta proyección la Eco. Nancy Córdova (CEDATOS) presentó los resultados de la encuesta nacional.

Al termino de la presentación de los resultados de la encuesta la Abg. Silvia Buendía y la Dra. Tatiana Ortiz participaron de un foro en el que la primera expositora abordó  la situación legal de la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación, mientras que la Dra. Ortiz habló sobre el impacto de la violencia sexual en las mujeres y cómo esta violencia es cotidiana y sistemática.

Las y los asistentes realizaron preguntas y comentarios a las panelistas y mayoritariamente, se mostraron de acuerdo con la necesidad de una actualización legal en el país que permita a las mujeres violadas interrumpir un embarazo.

Para finalizar el foro se  proyectó el cortometraje Inocencia (Proyecto TínTin, 2013) trabajo audiovisual que explora en  el tratamiento de la violencia sexual a niñas encubiertas en mitos populares y de folklore. En este caso el Tintín -un duende que en la mitología popular ecuatoriana, rapta y viola a niñas-  está en el hogar.

Hablar sobre la despenalización del aborto  es hablar sobre el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres, soberanas sobre su vida y futuro. Es indispensable que las ciudadanas y ciudadanos contemos con espacios para reflexionar sobre la importancia de construir estados laicos en donde los prejuicios y códigos morales personales no interfieran en el acceso a y cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Comunicación, Cepam.

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Orientadoras de los Derechos de Guayaquil se realizan acciones frente al debate del COIP

Orientadoras de los Derechos de Guayaquil se realizan acciones frente al debate del COIP

El día de ayer, 9 de octubre, compañeras Orientadoras de los Derechos y de la Red de atención Integral de la Violencia contra la Mujer, acudimos al acto de inauguración de las nuevas oficinas de los Juzgados, en la ciudad de Guayaquil.

Ante la visita del Presidente, manifestamos de  forma pública nuestra preocupación ante algunos aspectos que ponen en riesgo la vida de las mujeres en  el COIP:

  • La No incorporación de la Violencia contra la Mujer en el Título IV Infracciones en Particular, capítulo Segundo Delitos contra los Derechos de Libertad, Segunda sección de Delitos contra la Integridad Personal, el parágrafo primero se titula “Delitos de violencia intrafamiliar”. Consideramos que la utilización de este tipo penal no corresponde al reconocimiento de una violencia específica contra las mujeres, reconocida en la Constitución en el artículo 66, numeral 3[1]. Ni recoge el espíritu de la Convención Interamericana Belém do Pará, ratificada por el estado ecuatoriano, que reconoce la existencia de una violencia dirigida contra las mujeres como resultado de relaciones desiguales de poder[2].
  • La exclusión en este cuerpo penal de la violencia patrimonial como una de las formas de violencia que sufren frecuentemente las mujeres. La no tipificación no significa que esta violencia no existe, sino que no es reconocida como tal, pero su existencia es evidenciada por las estadísticas oficiales[3]recientemente producidas por el INEC y los miles de casos conocidos en los centros  de atención a la violencia en el pais. .
  • Además, en la Sección Cuarta, Delitos  contra la integridad sexual y reproductiva. Artículo 176, numeral 5. Se menciona que  “En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de catorce años de edad, es irrelevante.” Esto  representa un serio peligro de evadir la responsabilidad de los agresores en estos delitos. No olvidemos que el país registra cifras alarmantes y vergonzosas de delitos sexuales en adolescentes que la mayoría de éstos quedan en la impunidad,  no solo por el temor de las víctimas  de denunciar y verse expuestas,  probar que ellas no consintieron el delito; sino  también porque en el  propio sistema de justicia no garantiza la protección de las víctimas; y ante esta realidad, es necesario que el estado garantice a las víctimas de violencia sexual, la posibilidad de interrumpir un embarazo producto de violación y que, las mujeres, no padezcamos de prácticas re-victimizantes.

Es un momento histórico en el que los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Las mujeres de Ecuador estamos atentas de la resolución de una Asamblea que se debe a sus mandantes y que por tanto esta llamada a legislar  responsablemente  con equidad  y justicia  acorde con el marco constitucional vigente.

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Ecuador: Se niega a víctimas de violación sexual la posibilidad de abortos seguros y lícitos

Ecuador: Se niega a víctimas de violación sexual la posibilidad de abortos seguros y lícitos

El CEPAM-Guayaquil comparte con ustedes el reporte Criminalización de las víctimas de la víctimas de la violación sexual: El aborto ilegal luego de una violación en Ecuador, elaborado por el Observatorio de los Derechos Humanos ( Human Rights Watch)

(Washington, DC) – La legislación restrictiva de Ecuador en materia de aborto pone en riesgo la salud y la vida de víctimas de violación sexual, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Está previsto que a fines de agosto de 2013, la Asamblea Nacional trate una serie de importantes reformas al Código Penal. No existen certezas de si una propuesta de despenalización de todos los casos de violación, que surgió durante un debate en la Asamblea en 2012, avanzará durante las deliberaciones de 2013.

El informe de 26 páginas, “Criminalización de las víctimas de violación sexual: El aborto ilegal luego de una violación en Ecuador”,comprobó que el Código Penal de Ecuador limita los derechos reproductivos de mujeres y jóvenes al prohibir el aborto salvo en contadas excepciones, incluso en el caso de embarazos provocados por hechos de violencia sexual. El Código Penal prevé penas de prisión de uno a cinco años para las mujeres y jóvenes que se sometan a abortos, en tanto los profesionales médicos que los practiquen quedan alcanzados por penas aún más rigurosas. Debido a estas penas, algunas mujeres y jóvenes recurren a abortos practicados de manera ilegal e insegura, lo cual frustra los esfuerzos de Ecuador por reducir la mortalidad y las lesiones maternas.

“Una mujer o joven que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto”, observó Amanda Klasing, investigadora sobre derechos de la mujer para la región de América de Human Rights Watch. “Penalizar el aborto para las víctimas de violación sexual no sólo vulnera los derechos de mujeres y jóvenes, sino que además puede poner en riesgo su salud o incluso su vida”.

La Asamblea Nacional debería asegurar que todas las mujeres y jóvenes que hayan sido víctimas de violación sexual puedan acceder a servicios integrales de salud, incluido el aborto en caso de que lo soliciten, señaló hoy Human Rights Watch. La Asamblea Nacional debería además modernizar el lenguaje del Código Penal, en el cual la cláusula sobre aborto tiene más de 70 años, eliminando la excepción agraviante e imprecisa a las penas por aborto en casos de mujer “idiota o demente” y despenalizando todos los abortos voluntarios, incluidos los casos de embarazos provocados por violación.

El presidente Rafael Correa ha señalado en declaraciones públicas, incluso a través de su cuenta de Twitter durante el debate de julio de 2012 sobre la reforma  del Código Penal, que vetaría cualquier ley que amplíe las condiciones para el aborto legal estipuladas en el Código Penal. El presidente Correa debería abandonar su postura, dado que podría provocar mayores perjuicios a las mujeres que han sido violadas sexualmente.

Entre mayo y julio, Human Rights Watch entrevistó a 37 mujeres y jóvenes, de las cuales casi la mitad eran afroecuatorianas o indígenas, que habían intentado recibir atención o servicios de salud reproductiva o por violencia de género, así como a 22 funcionarios y especialistas en derechos de la mujer y 45 médicos de establecimientos de salud tanto públicos como privados.

Los datos oficiales muestran que las complicaciones provocadas por abortos —ya sea abortos legales u obtenidos ilegalmente— causaron la muerte de al menos 10 mujeres o jóvenes en Ecuador durante 2011. La cantidad de mujeres o jóvenes que murieron como resultado de abortos inseguros e ilegales podría ser incluso mayor, dado que estas muertes a veces se registran como causadas por condiciones médicas vinculadas con este tipo de abortos, pero no se atribuyen abiertamente a abortos en los informes estadísticos. Algunas de las 93 muertes que se atribuyeron a hemorragia posparto, septicemia y muertes “no especificadas” en ese año podrían deberse a abortos inseguros, observó Human Rights Watch. Los hospitales de Ecuador atendieron más de 23.000 casos de complicaciones, enfermedades, incapacidad o lesiones vinculadas con abortos “no especificados” durante 2011.

Un médico de Quito relató a Human Rights Watch el caso de una mujer de 24 años que se presentó en el principal hospital de maternidad de esa ciudad con perforación uterina y sangrado interno como resultado de un aborto inseguro. El médico contó que si bien él y otros colegas adoptaron medidas de emergencia inmediatamente, la mujer murió en sus brazos. “[Cuando el aborto es ilegal], las mujeres atraviesan la experiencia del aborto solas”, dijo. “Toda la información sobre el aborto se perdió cuando esta mujer murió”.

Las mujeres y jóvenes de Ecuador están expuestas a altos índices de violencia, incluida la violación sexual. Una encuesta efectuada en 2011 por el gobierno en todo el territorio del país, que relevó casi 19.000 hogares en la totalidad de las 24 provincias, comprobó que el 60 por ciento de las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia de género durante su vida, y el 26 por ciento informó haber sido víctima de violencia sexual.

En una clínica de la ciudad de Santo Domingo en Tsachilas, dos médicos comentaron durante entrevistas separadas con Human Rights Watch el caso de una mujer a quien habían atendido en dos ocasiones después de un aborto, en abril y junio. Ambos médicos tenían evidencias previas de que la mujer tenía una pareja íntima violenta. Pero no insistieron en que la mujer les proporcionara mayor información sobre la conducta violenta de su pareja ni tampoco derivaron el caso de abuso a las autoridades por temor a que la mujer fuera procesada debido a que ella misma había provocado los abortos.

Human Rights Watch determinó que incluir el aborto entre las conductas tipificadas en el Código Penal de Ecuador:

  • Obstaculiza la detección y prevención de la violencia sexual y de género;
  • Contribuye a las lesiones y la mortalidad materna;
  • Genera obstáculos para las mujeres y jóvenes que necesitan atención médica posiblemente vital; y
  • Perpetúa los estereotipos negativos y la desigualdad de mujeres y jóvenes con discapacidad.

A fin de reforzar las garantías que existen en Ecuador para mujeres y jóvenes contra la violencia y respetar sus derechos, incluido el derecho a la vida, la integridad física, la salud y a no ser discriminadas, el gobierno de ese país debería suprimir las sanciones penales previstas para el aborto. Debería eliminar sin demora las sanciones para todas las mujeres y jóvenes que solicitan abortos luego de actos de violencia sexual y reemplazar el lenguaje ofensivo contenido en el Código Penal en referencia a mujeres y jóvenes con discapacidad.

El gobierno debería además mejorar los mecanismos de obtención de datos relativos a salud reproductiva y materna. Tales medidas deberían asimismo evaluar los costos que supone para el sistema de salud tratar las complicaciones provocadas por abortos inseguros e ilegales y sobre todo mantener un registro de las muertes y lesiones maternas causadas por este tipo de abortos.

Esta prohibición generalizada del aborto contribuye a la mortalidad y morbilidad materna. Si bien Ecuador ha formulado normas, protocolos y directrices clínicas progresistas vinculadas con salud materna y reproductiva, estadísticas gubernamentales divulgadas recientemente sugieren de manera clara que aún no adopta todas las medidas necesarias para alcanzar la meta de reducir la mortalidad materna para 2015 establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para todos los países. Las cifras del gobierno sobre el índice de mortalidad materna habían aumentado en más del doble para 2011, con 105 muertes maternas cada 100.000 nacimientos con vida, respecto de 2006, cuando se registraron 48 muertes cada 100.000 nacimientos con vida.

“Las mujeres que sean víctimas de violación sexual no deberían además ser victimizadas por el gobierno cuando optan por interrumpir su embarazo”, opinó Klasing. “Los legisladores de Ecuador deberían aprovechar esta oportunidad de reforma al Código Penal para eliminar las peligrosas restricciones que se aplican al aborto, en particular después de un hecho de violencia sexual”.

Planton en la 1era sala de lo Civil de los conjueces

Planton en la 1era sala de lo Civil de los conjueces

 

HOY 28 DE MARZO DEL 2013, el CEPAM – Guayaquil  y Orientadoras de los Derechos, continuando con acciones públicas en  apoyo a  la compañera MARIBEL ABAD SALAS, en los bajos del Consejo de la Judicatura, donde funciona  LA PRIMERA SALA DE LOS CIVIL DE LOS CONJUECES, hemos realizado el segundo Plantón. Estamos exigiendo LA RESOLUCIÓN A LA APELACIÓN PRESENTADA POR LARIBEL ABAD SALAS sobre la Tenencia de su hijo.

Maribel Abad presentó el recurso de Apelación a la resolución de fecha 29 de febrero de 2012 sobre la tenencia de su hijo, con la finalidad de que se modifique la Resolución de la Jueza de la Niñez abogada Sonia Quijije, quien otorgó la tenencia del niño a HECTOR   GUSTAVO VIZUETA MARURI, esto pese a que ejerció violencia extrema en contra de MARIBEL ABAD SALAS Y PESE A QUE  HECTOR  GUSTAVO VIZUETA MARURI, NO RECONOCIÓ A SU HIJO EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS.

Mientras un equipo del CEPAM – Guayaquil y mujeres orientadoras de los derechos nos encontrábamos expresando nuestras demandas a favor de MARIBEL ABAD SALAS, la abogada que patrocina el caso, junto con MARIBEL ABAD SALAS, se acercaron a SEGUNDA SALA DE LO LABORAL  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, donde se encontraba el proceso,   a ellas les dieron a conocer que dicho proceso había sido trasladado a la  PRIMERA SALA DE LOS CIVIL DE LOS CONJUESES, y quien tenía que atender el caso es el CONJUEZ  No. 3,  DR VICENTE SALAZAR. Su secretario expresó que mencionado CONJUEZ tenía poco tiempo en el cargo y tenía que revisar todo el proceso.

SE JUSTIFICA QUE UN FUNCIONARIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  PONGA COMO EXCUSA QUE TIENE POCO TIEMPO EN EL CARGO PARA NO RESOLVER SOBRE UNA APELACIÓN DE TENENCIA IMPULSADA  POR PARTE DE LA MADRE MARIBEL ABAD SALAS, INICIADA HACE UN AñO.

“LO QUE ES CON UNA ES CON TODAS” Y SEGUIREMOS PRONUNCIANDONOS EXIGIENDO NO MAS IMPUNIDAD  Y  JUSTICIA CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.